En la presentación hubo dos paneles donde se dividieron los roles para abordar las distintas temáticas que atraviesan el documento de presentación. En el primer panel estuvieron representantes políticos como Jorge Ceballos de Libres del Sur, Ricardo Alfonsín de la Unión Civica Radical, Eduardo Macaluse de Seguridad e Igualdad y Martín Sabbatella de Nuevo Encuentro, quienes hicieron hincapié en que la solución al problema de la inseguridad es algo de largo plazo que trasciende uno o dos mandatos y que la base es tener políticas de inclusión.
En este sentido Ceballos analizó el rol de los medios con su constante estigmatización de los jóvenes y la criminalización de la pobreza y señaló que “esa es una visión monolítica que se desarrollo desde los distintos medios y que la nueva ley de radio difusión tendría que cumplir un rol importante en romper con ese discurso, si se implementa correctamente, porque si se van a poner personajes que nada tienen que ver con la comunicación y si el gobierno compra medios para crear otro monopolio no vamos a tener esta posibilidad”.
También Consideró un gran avance que personas de tan variado pensar político se junten detrás de un proyecto que “permite salir de la defensiva sobre el tema de la inseguridad, porque tiene respaldo de gestiones como la de León Arslanian, como la de Marcelo Zain, como la de Enrique Font. Además es un gran avance porque convivimos desde Ricardo Alfonsín y Felipe Solá, hasta Pino Solanas, Victoria Donda, organizaciones sociales y estudiantiles, porque la inseguridad requiere un gran acuerdo donde se secundarizen los intereses partidarios o electorales, porque en este tema de la inseguridad nos cuesta la vida de los jóvenes y de las familias y eso está por delante de las diferencias partidarias”.
En el segundo panel, donde estuvieron León Arslanian, Marcelo Sain, Enrique Font, entre otros, quienes analizaron jurídicamente el problema de la inseguridad y pusieron el acento en la necesidad de la participación civil y control político en la conducción de la policía, además de tener que reformular la estructura policial y en cambiar la visión represiva y punitiva con la que se viene abordando la problemática.
Fue Arslanian, ex ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, quien, basado en su experiencia sostuvo que “la policía no puede autogobernarse, porque es dejar que la corporación tome las riendas. Es necesaria la participación ciudadana, una fuerte intervención estatal y descentralizar la estructura para romper los poderes que corrompen la fuerza policial”. Asimismo, resaltó que la seguridad “no se resuelve desde lo punitivo y la persecución penal, mas de 70 años de este tipo de política a demostrado que nos lleva al fracaso”.
Font, por su parte, señalando que “desgraciadamente, la violencia es también un proyecto de vida, porque en determinadas situaciones de exclusión, la violencia y la delincuencia son los únicos mecanismos para construir identidad, generar vínculos y reconocimiento social. Por eso, se deben pensar políticas de inclusión social, que generen y construyan ciudadanía, que permitan tener otros mecanismos para construir identidad, redes y socialización”.
Sain, hizo un llamamiento a construir un verdadero consenso y dejar de lado mezquindades políticas, “porque eso lleva a que pierda fuerza la construcción del proyecto de seguridad democrática y siga vigente un modelo represivo que sirve solo para disciplinar a quienes ‘sobran’ en esta sociedad para gran parte de la política Argentina; modelo que sirve para controlar el delito porque es una parte integral del modelo, que lo regula para que tenga una magnitud tal que no genere conflicto político y ponga en tela de juicio la viabilidad política del modelo, que se sustenta en el dominio territorial que tiene la policía y de la capacidad que tiene de autofinanciarse con recursos extras de los provenientes del presupuesto estatal”.
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