El 23 de noviembre de 2010 la policía de Formosa (con complicidad de Gendarmería nacional) asesinaba a Roberto López, abuelo qom de 62 años, tras la represión que tuvo lugar en la ruta 86.
Gildo Insfrán, actual gobernador de Formosa, se encuentra en su cargo desde 1995 y pretende postularse para un quinto mandato. Fue menemista, duhaldista y, desde 2003, férreo defensor del modelo kirchnerista.
En la causa judicial por la represión en Formosa hay cerca de veinte procesados, todos de la comunidad qom La Primavera. Ningún policía, ningún funcionario del gobierno de Formosa. A cinco meses del ataque a los qom no se puede negar la complicidad del Gobierno Nacional con el mandatario formoseño.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, dependiente de Alicia Kirchner, actúa en consonancia con Insfrán. El INAI es el órgano que debería velar por la aplicación de la ley 26.160 de emergencia territorial, entre otras funciones, pero es un organismo que sólo funciona como valla de contención a los reclamos de los pueblos originarios.
Además del silencio de la Presidenta que nunca se refirió al tema en público, nunca recibió a la familia de Roberto López. Ni siquiera el prolongado acampe ni el corte en avenida 9 de Julio ni la huelga de hambre han provocado un gesto presidencial.
La única reacción oficial frente a los reclamos fue la orden de levantar el corte de la avenida 9 de Julio el domingo 1 de mayo; orden que se encargaron de hacer cumplir con la presencia intimidante de más de 200 efectivos de la Policía Federal y unidades de la guardia de infantería.
El 27 de abril la Presidenta anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para regular la venta de tierras a extranjeros. Ese mismo día, cerca del lugar donde dió a conocer el nuevo proyecto, la comunidad qom La Primavera cumplía cuatro meses de acampe en una plazoleta de la avenida 9 de Julio reclamando para que se les devuelvan sus tierras. Terrenos que no fueron expropiados por extranjeros sino por sus propios compatriotas.
El principal problema de los indígenas y de los campesinos no es la extranjerización, sino el modelo agropecuario que en la última década avanzó sobre todo lo que se interpuso con el fin de propiciar las plantaciones de soja.
El proyecto de ley que regula la venta de terrenos a extranjeros no resuelve la actual concentración de la tierra en manos de unos pocos mientras que indígenas y campesinos tienen migajas de lo que les corresponde. La tierra para la cultura aborigen constituye un espacio de vida, para el agronegocio es un medio para producir y hacer negocios.
La represión y criminalización no es ejercida, salvo excepciones, por extranjeros. La violencia, las balas, los juicios y cárceles son promovidos por “compatriotas”, y con total colaboración de los gobiernos provinciales y el Poder Judicial, también todos argentinos.
Hubo a lo largo de la historia argentina una constante política de omisión de los pueblos originarios. Ellos fueron perseguidos, torturados, masacrados. Sufrieron lo mismo que las víctimas de la última dictadura militar con la única diferencia que su genocidio aún hoy es negado u ocultado.
En la actualidad es la avanzada territorial sobre las comunidades, desalojos, represión, privación de formas de subsistencia, hambre, discriminación y olvido. En el pasado fueron las balas, esclavitud y asesinatos.
Las víctimas de la última dictadura cuentan con el museo de la memoria erigido en la Escuela de Mecánica de la Armada. A 130 años del inicio de la Campaña del Desierto, los pueblos indígenas no cuentan con ningún espacio similar. Al contrario, el emblema principal de aquel avance militar, Julio Argentino Roca, cuenta con numerosas calles y escuelas con su nombre. Además este genocida tiene un monumento en el centro de Bariloche, pleno territorio mapuche.
Los distintos modelos productivos del último siglo y medio (agro exportador, petrolero, forestal, minero) tuvieron como escenario gran parte de los ancestrales territorios indígenas.
Con la represión a los pueblos originarios se está negando la sabiduría adquirida y heredada por éstos a lo largo de generaciones. Son portadores de lo más antiguo y profundo en la tradición e historia de lo que es hoy Argentina.
Merecen ser escuchados, que se garanticen los derechos humanos del pueblo qom y de los indígenas en general. Existen leyes que los avalan, sólo hay que respetarlas para que puedan estar integrados de una vez y para siempre a esta Patria Grande.
