miércoles, 25 de enero de 2012
NO A LA LEY ANTITERRORISTA!!
Los compañeros del Movimiento Universitario SUR de Lomas, Avellaneda y Lanús estuvimos el lunes pasado en la peatonal de Lomas de Zamora juntando firmas y charlando con la gente sobre porque no debemos aceptar esta nefasta ley que criminaliza la protesta social.
martes, 17 de enero de 2012
Campaña por aumento en el Argentina Trabaja
viernes, 13 de enero de 2012
Apoyemos al pueblo de Famatina
En Famatina, en la provincia de La Rioja, se está llevando a cabo una pueblada en contra de la instalación de la empresa canadiense Osisko Mining Corporation, que quiere comenzar la explotación de la minería abierta en el cordon montañoso. La extracción de oro realizada de esa manera implica la explosión mediante dinamita de montañas enteras, la utilización de cianuro para el procedimiento extractivo, el uso del agua potable de la región –bien natural no renovable- en cantidades gigantescas, con sus consecuencias de contaminación, entrega y muerte.
El pueblo de Famatina corta el camino para no permitir el ingreso de la minera desde el 2 de enero a las seis de la mañana. Ha instalado un campamento que cuenta con la participación mayoritaria de la población para defender el agua y el territorio. El gobierno de Luis Beder Herrera amenaza con el desalojo del corte. Diez pobladores han sido procesados judicialmente por realizar acciones de lucha.
Demandamos:
-Que el gobernador Luis Beder Herrera anule el convenio firmado con la empresa Osisko Mining Corporation.
-El desprocesamiento de los imputados por luchar contra la minería a cielo abierto en Famatina.
-Que el gobierno nacional prohíba la minería a cielo abierto en todo el país.
ENVIAR ADHESIONES A apoyoafamatina@gmail.com
martes, 10 de enero de 2012
Hábeas Corpus Colectivo Contra la Ley Antiterrorista
El recurso fue presentado en la mañana del lunes en los Tribunales Federales, donde los dirigentes se entrevistaron con el Juez Federal Daniel Bejas.
Fue presentado por un conjunto de referentes de diversas organizaciones sociales y políticas que ya se habían pronunciado durante la semana en contra de la polémica norma aprobada y promulgada por el kirchnerismo. Las organizaciones sociales y políticas entienden que se trata de una ley que tiende a "criminalizar la protesta social".
El escrito lleva las firmas de el diputado nacional por la UCR, Juan Casañas, la concejal capitalina de la Coalición Cívica, Sandra Manzone, representantes de Sitas, Adiunt, Sindicato de Aguilares, Jubilados de la Plaza, MST, PCR, UCR, Coalición Cívica, PO, Barrios de Pie, Partido Comunista Tucumán, Frente Darío Santillán, Coba, Libres del Sur y el Frente Amplio Progresista.
viernes, 6 de enero de 2012
Victoria Donda ante el asesinato de jóvenes militantes en Rosario
Victoria Donda, Diputada Nacional del Movimiento Libres del Sur, en el Frente Amplio Progresista, expresa su solidaridad con los familiares, amigos y compañeros de los jóvenes militantes asesinados en la ciudad de Rosario el 1º de Enero del corriente año. Al mismo tiempo adhiere a todas las iniciativas de pedido de justicia y esclarecimiento del hecho.
“En mi asunción como diputada juré por Luciano Arruga, quien tenía 16 años, y hace dos que está desaparecido: todo indica que fue secuestrado por la policía. Casos como el de Rosario, donde aparecen indicios que sugieren confusa actuación policial o vinculaciones de la misma con el narcotráfico, dejan a la vista la necesidad de profundizar las políticas que terminen con las redes que tienen en los jóvenes a las principales víctimas” declaró.
“En mi asunción como diputada juré por Luciano Arruga, quien tenía 16 años, y hace dos que está desaparecido: todo indica que fue secuestrado por la policía. Casos como el de Rosario, donde aparecen indicios que sugieren confusa actuación policial o vinculaciones de la misma con el narcotráfico, dejan a la vista la necesidad de profundizar las políticas que terminen con las redes que tienen en los jóvenes a las principales víctimas” declaró.
Por juventudes con esperanzas y sueños colectivos
El asesinato de tres jóvenes, el 1º de enero en la ciudad de Rosario, se suma a una lista de varios más en 2011, con un punto en común: jóvenes y de barrios humildes.
La trascendencia nacional de este triple crimen se debe a que las víctimas eran militantes, y partir de esto, se generaron iniciativas de múltiples exigencias de justicia y expresiones de solidaridad. Quizás, hasta se encuentre a los responsables materiales del crimen de Jeremías, Claudio y Adrián, pero el pedido va muchos más lejos que eso.
La rapidez para establecer carátulas y/o títulos periodísticos como “ajuste de cuentas”, “pelea entre bandas”, “muertes por venganza” etc., funcionan para ocultar el fondo oscuro de la cuestión, que tiene más de una arista y para lo que son necesarios múltiples abordajes. Al mismo tiempo, también son palabras oportunas para profundizar la fragmentación social, la estigmatización, y el pedido para bajar la edad de imputabilidad de los jóvenes que conviven con miserias y ausencias cotidianas.
Hace pocos días se recordó la gesta patriótica del 19 y 20 de Diciembre de 2001, donde, con el cuerpo en la calle, se exigía el fin de las políticas neoliberales de la década del ’90. Las mismas habían instalado pobreza, exclusión, pero también supieron abrir la puerta a la ferocidad del narcotráfico y la corrupción en las instituciones que deberían protegernos. En esa oportunidad fueron, en su mayoría, jóvenes lo que dejaron la vida. Hoy, los 17, 19 y 21 años de los asesinados más recientes, nos muestran las víctimas preferidas de las redes que es necesario desterrar.
Nos solidarizamos y acompañamos el dolor de las familias, amigos y compañeros de militancia de Jeremías Trasante, Claudio Suárez y Adrián Leonel Rodríguez.
Exigimos justicia y una agenda que incluya una fuerte decisión política para abordar las diversas facetas de las problemáticas que desencadenan la violencia y así, poder construir una sociedad donde las juventudes tengan esperanzas y sueños colectivos.
Entre otras medidas, creemos que es necesario, desbaratar las redes del narcotráfico y corrupción policial, generar políticas juveniles inclusivas, apelar a la participación ciudadana para la construcción colectiva de la seguridad comunitaria y despenalizar la tenencia simple y consumo de sustancias.
sábado, 31 de diciembre de 2011
Victoria Donda ante la represión en Santa Cruz: “PERALTA EQUILIBRA LAS CUENTAS PÚBLICAS REPRIMIENDO A LOS TRABAJADORES”
Temprano a la mañana, cuando la legislatura de esa provincia patagónica se preparaba para declarar formalmente la emergencia económica y la modificación de la ley de jubilaciones, entre otras medidas más que controvertidas del gran ajuste, trabajadores estatales y docentes, fundamentalmente, se encontraban manifestando en los alrededores del palacio legislativo y de un momento para otro se vieron abordados por un grupo de Infantería de la policía provincial, que inmediatamente comenzó a disparar balas de gomas y gases.
Ante estos lamentables sucesos, la diputada nacional Victoria Donda, llamó “al conjunto de los argentinos a posar la mirada sobre esta provincia patagónica, la que en estos momentos se encuentra atravesando un sombrío panorama social, en donde el gobierno provincial pretende instrumentar dolorosos ajustes, los que en definitiva siempre paga el pueblo con su trabajo y sudor”.
Vale remarcar que en caso de aprobarse la emergencia económica y la elevación de la edad jubilatoria, también se limitará la movilidad que antes permitía que los jubilados reciban los aumentos a la par del sector activo. En este marco, la diputada del FAP, se pregunto “cómo es posible que la leyes diseñadas por el gobernador Peralta lo único que se propongan sea la vía del ajuste y que para justificarse - este funcionario provincial, aliado de la Casa Rosada - solamente responsabilice a los docentes, estatales y petroleros por los cientos de millones de pesos que, según su versión, ha perdido la provincia como consecuencia de paros y bloqueos efectuados por trabajadores. Así es como Peralta piensa equilibrar las cuentas públicas”.
Para finalizar con su posición, la diputada nacional de Libres del Sur, alertó que “no es por medio de la represión, carros hidrantes y gases, la manera en la cual deben nivelarse las cuentas fiscales de la provincia de Santa Cruz. No nos equivoquemos, esto se llama ajuste. Mientras la tensión social aumenta y muchos manifestantes se encuentran ahora hospitalizados, me gustaría preguntarle al gobernador Peralta si piensa seguir apostando a la vía del recorte de recursos y de la represión para los trabajadores, antes que llamar de manera urgente a un diálogo maduro con todos los sectores sociales comprometidos”.
REPRESORES A LA CARCEL, NO A LAS ESCUELAS
En repudio a la asunción del cuestionado Raúl Magallanes al frente del Consejo Escolar lomense, Libres del Sur y militantes del Movimiento Universitario Sur de Lomas de Zamora, Lanús y Avellaneda, realizaron el viernes 30 de diciembre una radio abierta y juntaron firmas de los vecinos para presentar a las autoridades municipales, junto a otras organizaciones sociales y políticas, en España y Laprida, Lomas de Zamora.
La actividad se inicio a las 16 hs, y también tuvo por objeto repudiar la reciente promulgación de la Ley Antiterrorista, un cepo a las manifestaciones populares, y considerada la norma más regresiva y represiva que sancionó el kirchnerismo desde 2003 a la fecha.
El rechazo a la asunción de Magallanes se sostiene en el pedido urgente de las organizaciones de derechos humanos como Madres Línea Fundadora y Serpaj, entre otras, para que se investigue las funciones que cumplió como policía durante la dictadura este personaje, que funcionó bajo la órbita del represor Miguel Etchecolatz. Además, Magallanes estuvo investigado en el caso Amia, y según informaciones periodísticas fue denunciado cuando se desempeñó como comisario en Los Hornos La Plata, por mal desempeño en sus funciones públicas. También hay artículos que mencionan vínculo alguno de Magallanes en el caso Cabezas.
Todo esto es omitido por el oficialismo local que lo impulso en sus listas y hoy se llama a silencio. Cuanto menos pedimos que se lo aparte de su cargo, hasta tanto se investigue el llamativo currículum de este hoy consejero escolar.
"Magallanes está a cargo del consejo Escolar del que depende la direccionalidad en la educación y el presupuesto de las escuelas de Lomas de Zamora, poniendo en juego la educación de los niños y niñas del distrito, esta situación se enmarca en la reciente aprobación de la Ley Antiterrorista, por la que este supuesto gobierno "nacional y popular" negocia la libertad de las y los ciudadanos ante presiones extranjeras", argumentó Nahuel Narduzzo, referente de Libres del Sur, Lomas de Zamora.
"La concurrencia de los vecinos para firmar o informarse sobre el tema, demuestra que había un gran desconocimiento sobre los hechos. Nosotrxs como estudiantes, militantes del Movimiento Universitario Sur exhortamos la destitución de Magallanes del Consejo Escolar y difundimos la situación a los vecinos de Lomas de Zamora, llamando al compromiso y la participación.", explicó, Florencia Ituarte, responsable del Movimiento Universitario Sur, Lomas de Zamora.
jueves, 29 de diciembre de 2011
NO SOLO LAS CENIZAS SON UN PROBLEMA PARA RIO NEGRO, AHORA VIENEN LAS MINERAS
La legislatura de Río Negro aprobó en un “trámite express” un proyecto enviado pocos días atrás por el Ejecutivo provincial que deroga la prohibición de la megaminería a cielo abierto con uso del cianuro y otras sustancias.
Frente a esta situación, Victoria Donda, legisladora de Libres del Sur opinó: “Resulta increíble sostener hoy que la justicia social y el desarrollo pueden venir de la mano de las empresas mineras extranjeras, con leyes que nos retrotraen a épocas de la colonia y que permiten que se lleven nuestro oro y agua por monedas”.
La Ley 3.981 había sido sancionada por amplia mayoría en 2005 por iniciativa de organizaciones ambientalistas y comunidades indígenas ante el avance de proyectos de exploración. Río Negro formaba parte de las ocho provincias argentinas con normas que prohíben este tipo de minería, pero con la ley sancionada recientemente se establece que las empresas o personas que posean la titularidad o derechos de concesiones de yacimientos minerales y hubieran obtenido la declaración de Impacto Ambiental, podrán reanudar sus respectivas labores. “La misma legislatura que hace poco se llenó la boca hablando de soberanía con la venta de tierras a extranjeros, hoy deja abierta la puerta a la entrega de nuestras riquezas. De todos modos no les va a ser fácil, este tema está cada vez más instalado en el debate cotidiano de la sociedad”.
Twitter: @vikidonda
martes, 27 de diciembre de 2011
Quitan fondos para limpiar el Riachuelo y se los dan a "Fútbol para Todos", polémica decisión del Gobierno nacional
El Gobierno nacional decidió quitar fondos al programa destinado a la limpieza del Riachuelo y otorgarle gran parte de esos recursos a "Fútbol para todos".
La medida fue publicada ayer en el Boletín Oficial, en los anexos de la decisión administrativa 19.
Se estableció que la Jefatura de Gabinete de Ministros dispuso recortar 28 millones de pesos de créditos presupuestarios destinados al desarrollo sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo y otorgar 25 millones al Programa "Fútbol para todos".
La redistribución se dispuso debido a que "es necesario readecuar el Presupuesto de la Jefatura de Gabinete de Ministros para atender las acciones planificadas para el presente ejercicio".
En ese sentido, dos de los 161 folios que conforman la decisión administrativa se refieren a créditos presupuestarios de esa cartera, que ahora es conducida por Juan Manuel Abal Medina.
En el primero se habla de un recorte de 28.040.219 pesos de un crédito del Banco Mundial para atender el programa 44 "Desarrollo sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo".Y en el restante, se amplían en 25 millones de pesos los créditos para atender los gastos del programa 46 "Fútbol para todos".
El monto mencionado forma parte de la liberación de una partida de 225 millones de pesos para incrementar el contrato de “Fútbol para Todos”.
Los 225 millones se pagarán en 9 cuotas mensuales y consecutivas de 25 millones de pesos a partir de este mes.
Debatir el modelo
La compañía internacional Benetton posee en la Patagonia 970 mil hectáreas. ¿Sería mejor si estuvieran en manos del bonaerense Gustavo Grobocopatel? ¿O quizá del salteño Alfredo Olmedo? ¿O es preferible que las maneje la Mesa de Enlace, con todos dirigentes nacidos y criados en Argentina? En el país no existen datos confiables sobre la extranjerización de tierras. Sólo hay casos emblemáticos, que suelen repetirse como si fueran los principales responsables de los males del país y del modelo extractivo.
Legislar sobre la extranjerización de la tierra no afecta ningún interés de los ganadores del actual modelo de agronegocios, donde la soja es sólo su cara más visible. Y no beneficiará a los sectores populares de la Argentina rural. Los principales problemas de campesinos, pueblos originarios y de poblados cordilleranos es el corrimiento de la frontera petrolera, el avance de la exploración de la megaminería (900 por ciento en los últimos siete años), el crecimiento del monocultivo forestal y, sobre todo, la concentración de la tierra en muy pocas manos.
El Censo Agropecuario de 1988 revela que había en el país 422.000 explotaciones agropecuarias, que disminuyeron a 318.000 en 2002, un 24,6 por ciento menos. La investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria La tierra en Argentina, de Marcelo Sili y Luciana Soumoulou, resume que “desde el punto de vista de la estructura agraria, la distribución de la tierra es sumamente inequitativa”. Revela que el 2 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país, mientras que el 57 por ciento de las explotaciones cuenta sólo con el 3 por ciento de la tierra.
En los últimos años la concentración aumentó, pero todavía no existen datos oficiales. En 2008, en plena disputa con la Mesa de Enlace, se realizó el Censo Agropecuario que aportaría datos luego de seis años de falta de estadísticas oficiales. Pero ese censo no abarcó todo el territorio nacional y nunca se presentaron todos los datos relevados. Los científicos sociales no lo toman como válido y, a su pesar, deben seguir manejándose con el Censo 2002.
En el 56 por ciento de la tierra cultivada hay soja (19 millones de hectáreas), un record. “Corrimiento de la frontera agropecuaria”, festejan los técnicos y funcionarios. Esto implicó desalojos tan violentos como masivos, la gran mayoría de las veces impulsados por argentinos. El Movimiento Nacional Campesino Indígena estima en 200 mil las familias expulsadas de sus territorios en la última década.
El último Inventario Nacional de Bosques Nativos de la Secretaría de Ambiente de la Nación revela que en el período 2002-2006 en el país dejaron de existir 1.108.669 hectáreas de bosques. Esa dependencia pública remarca que la deforestación se produce para destinar esas superficies a la agricultura, principalmente soja. La Red Agroforestal relevó 7,8 millones de hectáreas en conflicto en seis provincias del chaco argentino, con 950 mil personas afectadas, principalmente indígenas y campesinos. El grueso de los conflictos (89 por ciento) se inició a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador”, se menciona en el informe.
El Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados –red de profesionales de las provincias agrícolas– estima que se utilizan por año 300 millones de litros de agrotóxicos. Denuncia el incremento de casos de cáncer, abortos espontáneos y malformaciones. Y el panorama no es alentador. El Plan Estratégico Agroalimentario apuesta a aumentar la producción de soja, entre otros productos, en 20 millones de toneladas. El Ministerio de Agricultura envió el 28 de junio una gacetilla alentadora para el complejo de agronegocios: “Existen excelentes posibilidades para aumentar la producción (...) Hay un conjunto de factores que funcionan como impulsores de la demanda alimentaria, entre los que se destaca el aumento del consumo en los países desarrollados y la generación de biocombustibles”. El Ministerio reconoce que la soja aumentará en área sembrada. Pretende, para 2020, llegar a 160 millones de toneladas de granos, 60 por ciento más que en la última cosecha. Ese incremento granario multiplicará las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias.
El MNCI elaboró un duro documento donde alertó sobre la profundización del modelo agropecuario, advirtió sobre el aumento de los desalojos, desmontes y mayor uso de agrotóxicos. Remarcó que el actual modelo de agronegocios consolida a la Argentina como productor de materias primas en el marco de un “saqueo transnacional” que implica subordinar al país en un esquema colonial. “Aumentar a 160 millones de toneladas de granos, forrajeros y no alimentarios, es sumar otras diez millones de hectáreas a las 20 millones que se cultivan de soja. Y no tiene otra forma de hacerse que a partir de los desalojos de las familias campesinas”, advirtió el MNCI. Para concluir que “plantear que debemos redoblar las exportaciones en el marco del modelo actual genera claras contradicciones con las aspiraciones de un desarrollo industrial armónico con justicia social y con las políticas de derechos humanos”
-El 2 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país.
-En el 56 por ciento de la tierra cultivada hay soja: 19 millones de hectáreas.
-El Movimiento Nacional Campesino Indígena estima en 200 mil las familias expulsadas de sus territorios en la última década.
-En los últimos años la concentración aumentó, pero todavía no existen datos oficiales.
Urrejola: “La ley antiterrorista traerá nefastas consecuencias para la sociedad argentina”
En la madrugada de este jueves 22 de diciembre, se ha aprobado en la Cámara Alta la polémica Ley Antiterrorista que modifica el inciso 5 del artículo 41 del Código Penal, a pesar de los reclamos realizados por organizaciones sociales y personalidades vinculadas a la defensa de los derechos humanos.
"La aprobación de la Ley Antiterrorista constituye un avasallamiento a los derechos humanos y puede considerarse como una medida para criminalizar la protesta. Al enviar esta iniciativa, Cristina Kirchner ha cedido a las extorsiones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuando en realidad este organismo no puede emitir sanciones de ningún tipo, sino que debe limitarse a dar consejos económicos a los gobiernos”, expresó Leonardo Urrejola, referente del Frente Amplio Progresista y Libres del Sur en Avellaneda.
“Quienes votaron a favor de este proyecto le han dado la espalda a su pueblo, que el pasado 19 y 20 de diciembre marchó para conmemorar el ‘Argentinazo’ del 2001 y en repudio a la Ley Antiterrorista”, resaltó Urrejola y continuó: “Esta reforma al artículo 41 del código penal convierte en terrorista al trabajador que lucha por mejoras salariales, al estudiante que reclama mejores condiciones educativas, a los jubilados que se manifiestan por el 82% móvil y a todos los que salen a las calles a defender sus derechos”.
Para finalizar, el dirigente del FAP enfatizó: “La aplicación efectiva de esta ley expresará una antidemocrática embestida contra derechos y garantías que son fundamentales y traerá nefastas consecuencias para la sociedad argentina”.
Si a partir de hoy ser terrorista implica exigirle al gobierno que cambie alguna política antipopular o represiva, LO SEREMOS ORGULLOSAMENTE!!!!
~SOY TERRORISTA, y soy el desocupado que corta la ruta por trabajo, dignidad y cambio social~
~SOY TERRORISTA, y soy la campesina que resiste las topadoras y lucha por su derecho a la tierra~
~SOY TERRORISTA, y soy la mujer que escracha la Catedral reclamando su derecho a abortar de forma segura y gratuita en el Hospital~
~SOY TERRORISTA, y soy la travesti que patea la puerta de la Legislatura y exige la derogación de los edictos policiales y códigos contravencionales~
~SOY TERRORISTA, y soy la mujer que escracha a jueces y policías por ser cómplices de las redes de trata que secuestraron a su hija~
~SOY TERRORISTA, y soy el poblador que acampa contra la minería a cielo abierto~
~SOY TERRORISTA, y soy la trabajadora precarizada de las cooperativas, que enciende una goma para reclamar herramientas y salarios dignos~
~SOY TERRORISTA, y soy un estudiante secundario que toma el colegio para reclamar que arreglen el techo que se les cae encima~
~SOY TERRORISTA, y soy el QOM que acampa en la 9 de Julio reclamando el reconocimiento de su propiedad sobre las tierras ancestrales~
~SOY TERRORISTA, y soy la madre que incendia la cocina dónde hacen el paco que está matando a sus hijos~
~SOY TERRORISTA, y soy uno de los 5000 compañerxs procesadxs por luchar en el país de los derechos humanos~
~SOY TERRORISTA, y soy el piquetero que sube cada 26 al Puente Pueyrredón a gritar que Darío y Maxi no están solos~
~SOY TERRORISTA, y soy el testigo clave desaparecido por el terrorismo de Estado aún impune~
~SOY TERRORISTA, y soy el campesino muerto en manos de los mercenarios del modelo sojero~
~SOY TERRORISTA, y soy una argentina que cree que un gobierno “nacional” no debe aprobar leyes a pedido del Imperio~
~SOY TERRORISTA, y soy un argentino que cree que un gobierno “popular” no puede aprobar leyes gorilas que criminalicen a lxs que luchan~
jueves, 14 de julio de 2011
La laguna de Santa Catalina será Reserva Natural
Tras la persistente lucha de los vecinos de la zona y grupos ambientalistas, finalmente se aprobó un proyecto de ley, presentado por 4 diputados de diversas bancas (Socialismo-Gen, Unión Pro, FPV y CC), que declara a Santa Catalina como reserva natural. El predio de 650 hectáreas, ubicado en Lomas de Zamora, mantendrá, según esta normativa, su actual fisonomía y no podrán erigirse allí emprendimientos inmobiliarios.
El propósito de la iniciativa es “salvaguardar” la biodiversidad que este reducto alberga. Este espacio verde está emplazado en un medio de una zona urbana donde habitan más de 400 mil personas y hoy es un sitio de conservación ambiental único en la provincia.
Desde el Movimiento Libres del Sur de Lomas de Zamora celebramos esta iniciativa y nos comprometemos para seguir acompañando a vecinos y vecinas en esta gran lucha por vivir un poco mejor y por el cuidado de nuestro ambiente.
Juan Noy (Libres del Sur-Lomas de Zamora)
Natalia Valle (candidata concejal Libres del Sur en el FAP)
María Eva Percíncula (candidata consejera escolar Libres del Sur en el FAP)
Leonardo Rossi (Movimiento Universitario Sur-Lomas de Zamora)
miércoles, 29 de junio de 2011
Alzamos nuestra voz por la despenalizacion
Ante una sala llena, la diputada Victoria Donda (Libres del Sur), Sebastián Basalo, director de la revista THC, y Alfredo Grande, psiquiatra y docente de la UNLZ, disertaron sobre el proyecto de ley de por la despenalización de la tenencia de estupefacientes que impulsa la legisladora en el Congreso. La diputada hizo hincapié en la necesidad de dar este debate "incómodo para algunos, a pesar de ser
un año electoral". "Esto es hacer política", enfatizó.
Las exposiciones abordaron aspectos filosóficos y sociológicos en torno al control social, en la voz de Alfredo Grande, y sobre cuestiones históricas de la prohibición de la tenencia y consumo de estupefacientes a cargo de Basalo. Donda remarcó los aspectos centrales de su proyecto y cargó contra la actual ley que ha dado lugar a "grandes nichos de corrupción" policial y judicial. Asimismo destacó la importancia de dar un abordaje socio-sanitario ante las problemáticas vinculadas a las adicciones.
Luego de las ponencias, se dio lugar a un intercambio con el público, que indagó sobre aspectos simbólicos como la criminalización el usuario en los medios, el vínculo entre pobreza, niñez y estupefacientes, y temas vinculados al narcotráfico y la connivencia de actores vinculados al Ejecutivo nacional como la Gendarmería.
Más de 70 personas pasaron por el auditorio Rodolfo Walsh de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora a escuchar a los expositores y sentar su posición sobre esta problemática, que la sociedad ya discute, y el Congreso debe tratar.
Del evento participaron también las concejalas por Libres del Sur, Ivana Rezano (Almirante Brown) y Grisel Tarsia (Esteban Echeverría).
un año electoral". "Esto es hacer política", enfatizó.
Las exposiciones abordaron aspectos filosóficos y sociológicos en torno al control social, en la voz de Alfredo Grande, y sobre cuestiones históricas de la prohibición de la tenencia y consumo de estupefacientes a cargo de Basalo. Donda remarcó los aspectos centrales de su proyecto y cargó contra la actual ley que ha dado lugar a "grandes nichos de corrupción" policial y judicial. Asimismo destacó la importancia de dar un abordaje socio-sanitario ante las problemáticas vinculadas a las adicciones.
Luego de las ponencias, se dio lugar a un intercambio con el público, que indagó sobre aspectos simbólicos como la criminalización el usuario en los medios, el vínculo entre pobreza, niñez y estupefacientes, y temas vinculados al narcotráfico y la connivencia de actores vinculados al Ejecutivo nacional como la Gendarmería.
Más de 70 personas pasaron por el auditorio Rodolfo Walsh de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora a escuchar a los expositores y sentar su posición sobre esta problemática, que la sociedad ya discute, y el Congreso debe tratar.
Del evento participaron también las concejalas por Libres del Sur, Ivana Rezano (Almirante Brown) y Grisel Tarsia (Esteban Echeverría).
jueves, 23 de junio de 2011
La juventud y las elecciones
Desde la juventud de Libres del Sur creemos que es posible encarar una construcción política que rompa con las viejas estructuras partidarias que nos depositaron en nuestra Argentina actual, tan lejana de ser la Patria ideal que el pueblo argentino sueña. Para poder gestar una alternativa al bipartidismo hay que terminar con la tradición del individualismo, y poner por sobre eso el armado de una fuerza que vaya mas allá de una persona o de un lugar de mayor relevancia en una boleta electoral, al que sin duda todo espacio político aspira.
Pero las grandes empresas deben trascender esas visiones chicas de la política, y es por eso que no dudamos de que un frente amplio progresista en el que primen los ideales y los objetivos en común es el camino a desandar, y que venimos intentando abrir desde hace tiempo. Muchos compañeras y compañeros del campo popular también reclaman eso hace rato y en ese sentido los llamamos a participar, sin que prime un deseo particular de ver el nombre de SU candidato encabezando una boleta, sino más bien el proyecto emancipador, nacional, popular. El sendero es bien duro, arduo, quienes opten por la salida individual no tiene lugar acá.
Hoy las y los jóvenes tenemos la oportunidad de construir otra Argentina, y no podemos dejar pasar este tren.
Libres del Sur es consecuente con sus ideales, por eso milita por un proyecto de país superador, por el que creyó y cree, y en eso vamos armando una patria más equitativa, democrática, transparente, y que se ubica por sobre las pequeñas rencillas políticas que no hacen más que retrasar la construcción de un país más justo.
Por estas razones, convocamos a la juventud a confiar que sólo unidos podemos transformar la argentina. Por ahí va el camino. Venceremos!
Pero las grandes empresas deben trascender esas visiones chicas de la política, y es por eso que no dudamos de que un frente amplio progresista en el que primen los ideales y los objetivos en común es el camino a desandar, y que venimos intentando abrir desde hace tiempo. Muchos compañeras y compañeros del campo popular también reclaman eso hace rato y en ese sentido los llamamos a participar, sin que prime un deseo particular de ver el nombre de SU candidato encabezando una boleta, sino más bien el proyecto emancipador, nacional, popular. El sendero es bien duro, arduo, quienes opten por la salida individual no tiene lugar acá.
Hoy las y los jóvenes tenemos la oportunidad de construir otra Argentina, y no podemos dejar pasar este tren.
Libres del Sur es consecuente con sus ideales, por eso milita por un proyecto de país superador, por el que creyó y cree, y en eso vamos armando una patria más equitativa, democrática, transparente, y que se ubica por sobre las pequeñas rencillas políticas que no hacen más que retrasar la construcción de un país más justo.
Por estas razones, convocamos a la juventud a confiar que sólo unidos podemos transformar la argentina. Por ahí va el camino. Venceremos!
lunes, 13 de junio de 2011
Despenalizar para combatir el narcotráfico
Resumen de los argumentos respecto a la mayor eficacia y eficiencia que la modificación propuesta para la ley 23.737 traería para la persecución de los delitos relacionados con el tráfico, producción, distribución y almacenaje de estupefacientes; así como también para su adecuación a políticas de drogas basadas en la prevención y la reducción de daños asociados al uso de drogas, la asistencia pública, universal y gratuita de las los problemas asociados al uso de drogas y el respeto por los Derechos Humanos.
2) Mayor eficiencia en el manejo de los recursos policiales y judiciales
Problema de la ley actual
Las cifras oficiales emitidas por el Poder Judicial de la Nación y sostenidas por el Poder Ejecutivo en numerosas presentaciones, son claras respecto a la saturación del sistema judicial por casos de tenencia de drogas para consumo personal. En los últimos 10 años, del total de causas por drogas originadas en los fueros federales de todo el país, el 70% de las mismas correspondieron a casos de tenencia de drogas para consumo personal, el 25% por tenencia simple, mientras que solo en 5% de los casos fueron por delitos relacionados con el comercio. Según informó el Ministerio de Justicia, cada una de esas causas (6 mil por año) le costó al Estado un promedio de 5 mil pesos. Es decir, que del total de recursos de los que dispone el Estado (desde las fuerzas policiales hasta el sistema judicial) para perseguir los delitos relacionados con drogas, más del 70% de los mismos se destinaron a la persecución de usuarios, haciendo imposible que la policía y la justicia se concentren en perseguir narcotráfico. Esto también se mantendrá de aplicar reformas que mantengan la penalización de la simple tenencia y la atenuante de la no punibilidad de la tenencia para consumo, ya que se persevera en el mismo andamiaje.
Solución de la propuesta de reforma
Con la reforma propuesta, al no darles el lugar a las fuerzas policiales para que persigan libremente a los tenedores de drogas que luego la justicia debe trabajar en determinar si eran vendedores o usuarios y delimitarles su accionar solo a los delitos relacionados con el comercio de drogas, los recursos que el Estado destina a la persecución del narcotráfico se concentrarían en los casos de comercio y producción de estupefacientes.
Además, al derogar tanto la tenencia para consumo como, fundamentalmente, la tenencia simple, se evita los excesos policiales sustentada en la posibilidad de detener a cualquier persona con drogas en su poder, y la consecuente “caja chica” generada a partir de los aprietes a usuarios a cambio de no llevarlos detenidos.
3) Permitir la atención sociosanitaria de los problemas asociados al consumo de drogas
Problema de la actual ley
La judicialización y criminalización de los usuarios de drogas que plantea tanto la actual ley de drogas como las modificaciones que mantienen la tenencia simple y la obligación de demostrar la inocencia una vez sometidos a un proceso penal, carga sobre los usuarios de drogas con un estigma que no hizo ni hará más que alejarlos del sistema de salud. Como no solo el consumo sino la simple tenencia se encuentran penados por la ley, y los médicos de hospitales son funcionarios públicos obligados a denunciar delitos, a ningún usuario con problemas de consumo se le ocurre ir a un hospital a atenderse cuando padece una adicción, intoxicación y otro problema de consumo, y menos aún si en ese momento todavía tiene en su poder la sustancia. Incluso cuando el usuario de drogas todavía no padece un problema de consumo, el estigma que recae sobre él hace que le oculte sus consumos a su médico, dificultando un adecuado cuidado de su salud.
Solución de la propuesta de reforma
Las políticas de prevención y reducción de daños asociados al uso de drogas son un modelo que ya mostraron su eficacia en Europa y emerge en América Latina como la alternativa a un régimen prohibicionista que ya mostró por demás no solo un absoluto fracaso sino también una violación sistemática de los derechos humanos de las personas a las que dice querer proteger.
Este modelo ya no concibe al usuario como un delincuente ni tampoco como un enfermo que al ignorar su enfermedad debe ser tratado a la fuerza, dejándolo de tratar como un objeto de derecho para pasar considerarlo un sujeto con derechos, que puede tener problemas asociados al consumo de drogas (como los puede tener con cualquier otro consumo), pero que esos problemas deben abordarse desde una perspectiva sociosanitaria, con un enfoque individual y no criminalizando a los sujetos por el mero hecho de tener problemas con su consumo. La criminalización de un problema que es básicamente sociosanitario y que por ende debe abordarse por especialistas en la materia, lejos de solucionarlo, lo agrava.
Sólo planteando una política de drogas que diferencie claramente al que vende drogas del que las tiene para consumirlas y, por ende, mantenga a este último totalmente separado del aparato represivo del Estado, es posible hacerle entender a los usuarios que ya no se los va a tratar como criminales, que no corren riesgo de ingresar en la esfera penal. Solo de este modo se puede lograr que aquellos usuarios que tengan problemas con su consumo puedan acercarse voluntariamente a solicitar ayuda.
4) Tratamiento más efectivo y humano para con los consumidores de paco y otras sustancias altamente nocivas para la salud
Las personas con problemas de consumo de paco y otros derivados de la pasta base de cocaína, hoy en día son víctimas de una ley que ordena detenerlos y llevarlos a una comisaría en caso de que sean sorprendidos consumiendo o simplemente teniendo la sustancia. Luego se les abre un proceso penal y pueden permanecer detenidos desde unas horas hasta varias semanas, como ocurre en la Provincia de Buenos Aires. Al tratarse de usuarios, los jueces terminan o sobreseyéndolos u ordenando un tratamiento que, como en este caso los usuarios no pueden pagarlo ni con un psicólogo ni con clínicas privadas, terminan ingresando a granjas privadas subsidiadas públicamente y transformándose en las herramientas de un gran negocio que beneficia a policías, jueces y dueños de estos establecimientos sin control alguno por parte del Estado.
Es falso, perverso y clasista por demás el argumento muchas veces escuchado que sostiene que al despenalizarse la tenencia de drogas, estos usuarios quedarían sin la atención mínima que hoy le “ofrece” el sistema. Lejos de ayudarlos, la actual ley agrava aún más sus problemas, al obligar a los efectivos policiales a aprehenderlos y detenerlos para que luego un juez los procese por un delito penal y, recién luego de toda esa violencia, les ofrezca canjear la pena por un presunto tratamiento que el mismo Estado se encuentra incapacitado de brindar dado que carece de infraestructura y conocimiento producto de la regulación del acceso a la salud en una ley de penal. Además, por si fuera poco, a este usuario se le brinda una única oportunidad para realizar un tratamiento, dado que si lo abandona o reincide en el delito (tenencia para consumo personal), la ley ordena aplicarle la pena de prisión como castigo. La actual ley no solo priva del acceso a la salud a todo usuario que carezca de los medios económicos para proveerse de un tratamiento privado y tenga problemas con la ley, sino que se lo aleja de ese tratamiento empeorando aun más su situación.
Por el otro, ni siquiera en los hechos es usado el mecanismo legal de la detención por tenencia y posterior judicialización, ni por las madres de estos usuarios ni por los jueces de menores, para acercarlos a un tratamiento al que en principio no se acercan por su propia cuenta. Para ello, y en casos excepcionales, se aplican los artículos 152 bis y 482 del Código Civil*, que regulan la declaración de incapacidad y habilitan a un familiar a pedir la atención médica y hasta la internación de una persona que por consumo de drogas o por demencia esté poniendo en riesgo su vida o la de los demás.
* No hay que dejar de mencionar los tratos inhumanos y las penas encubiertas que muchas veces deviene de la aplicación de estos artículos, como internaciones compulsivas sin control, tanto al momento de declaración como durante la duración de dicha medida, produciendo que muchas veces su aplicación sea hasta mas nocivo que la pena de prisión, puesto esta ultima tiene un lapso concreto de duración y las internaciones por incapacidad son indefinidas hasta que un médico autorice su fin. Este punto está siendo reformado por la nueva ley de salud mental en tratamiento en el Senado.
5) La despenalización de la tenencia simple y para consumo no implica dejar de penalizar los diversos delitos relacionados con el comercio de drogas
Despenalizar a los usuarios no es legalizar las drogas y su mercado, que continuarán expresamente prohibidas como lo están hasta ahora. Si bien la ley 23.737 debería redactarse nuevamente al momento de replantear desde la base las políticas integrales en materia de drogas, la reforma aplicada que despenaliza la simple tenencia y la tenencia para consumo de drogas mantiene todo el resto de las figuras asociadas con su comercialización, a saber:
- El comercio con estupefacientes o materias primas para su producción o fabricación (inciso C).
- La tenencia con fines de comercialización de estupefacientes o materias primas para su producción o fabricación (Inciso C). Permite detener y enjuiciar a todo aquel que sea encontrado en un acto previo a la venta, que es el de tener los estupefacientes y haber dado indicios de que se los va a comercializar, aunque no se haya cometido todavía el acto de venderlos.
- La distribución, la entrega como pago, el almacenaje o transporte de estupefacientes o materias primas para su producción o fabricación (Inciso C). Permite detener a quienes se encuentren distribuyendo tanto en la calle como en espacios públicos, al que los transporte por el país o los almacene para posteriormente venderlos
- El comercio, la tenencia con fines de comercio, distribución, entrega en pago, el almacenaje o transporte de plantas utilizables para producir estupefacientes (inciso D)
- La entrega, suministro, aplicación y facilitación a otro de estupefacientes a título oneroso o gratuito (inciso e). Este artículo aborda los casos de reparto gratuito de drogas en las calles y hasta en las puertas de los colegios, inexistentes en los hechos pero creados por el imaginario social y fogoneados por los medios de comunicación, con afirmaciones falsas pero ampliamente difundidas como “el primero te lo regalan y el segundo te lo venden”. La penalización de estas conductas (si bien permanece el atenuante de la distribución gratuita para el consumo personal agregado en 2005 por la ley 26.052) no se modifica.
6) Ni la cantidad ni el tipo de sustancia es un factor que determine que alguien está comercializando, sino EL FIN que se le de, que se determina por investigación o sorprendiendo a alguien in fraganti.
Problema de la ley actual
En la actualidad, la ley 23.737 prevé que cualquier persona sea detenida por el mero hecho de tener drogas en su poder, al penalizar como delito básico la “tenencia simple” y aclarar como atenuante la tenencia para consumo personal. Para evitar esta pena, no basta que el usuario, una vez ingresado al sistema penal, reconozca que iba a consumir las sustancias que tenía, sino que además se le exige demostrarlo “inequívocamente por la escasa cantidad y demás circunstancias”, por lo que el solo hecho de tener cantidades que para un juez puedan parecer dudosas impide que se atenúe la pena y el usuario termina condenado por “tenencia simple” con penas de hasta 6 años de prisión de cumplimiento efectivo.
Es inviable determinar una cantidad que suponga la finalidad de consumo ya desde lo fáctico, porque basta con que se fije un máximo de sustancia para que el vendedor salga con menos. Por otra parte, la experiencia internacional de los pocos países que despenalizaron la tenencia de drogas por cantidades señala que los mismos deben corregir continuamente los límites fijados por la ley , que nunca termina de resolver el problema.
Solución de la propuesta de reforma
El tráfico o distribución de drogas no está determinado por la cantidad ni el tipo de drogas que se tiene, sino por la finalidad de comercio o distribución que se le da a esa tenencia. Al acotar lo delitos relacionados con drogas a la finalidad de comercio, el accionar policial podrá dirigir todos su recursos a buscar pruebas de ese fin (ya sea mediante investigación a partir de denuncias o sorprendiendo a alguien in fraganti) para que, recién en ese momento, un juez pueda ordenar una medida lesiva de la intimidad de las personas que protege la Constitución Nacional.
7) La regulación del acceso a las semillas es el único modo de posibilitar el autocultivo de marihuana como la opción más eficaz para alejar al usuario del narcotráfico
El autocultivo de marihuana es hasta ahora el único método eficaz que demostró alejar a los usuarios de esa sustancia del narcotráfico, mejorando su calidad de salud y logrando además que dejen financiar ese sistema. Si se despenaliza el autocultivo para el propio consumo, es ilógico continuar penalizando el acceso a las semillas, que son el medio a partir del cual puede llevarse adelante ese cultivo y que, además, están expresamente exceptuadas por la ONU de la fiscalización internacional. De mantener la prohibición sobre su acceso, los usuarios se verían imposibilitados de llevar adelante su autocultivo sin continuar siendo “delincuentes”, porque serian obligados a convertirse en participes necesarios del delito de comercio de drogas, para poder proveerse de las semillas necesarias y así obtener su propia planta. De no regularizar un acceso a las semillas que ya existe, las mismas seguirán bajo el control del mercado negro y el usuario que quiera abandonar el narcotráfico deberá exponerse al mismo.
Zaffaroni expreso como ejemplo en varias entrevistas que “si cada usuario tuviera una planta en su casa se terminaría con el narcotráfico”.
8) Eliminación de la corrupción policial sustentada en la despenalización de todo tipo de delitos que cometa el agente encubierto
Problema de la ley actual
La figura del agente encubierto posibilita que alguien perteneciente a una fuerza de seguridad se infiltre en una banda que distribuye droga, con el pretexto de que es el único modo de juntar pruebas suficientes para comprobar el delito cometido por aquella. Sin embargo, la figura de por sí facilita el surgimiento de enormes nichos de corrupción ya que, por ejemplo, un policía se infiltra en una banda que distribuye drogas, participa de varios delitos con esa banda pero solo comunica el último. Y si lo descubrieran por los tres primeros, también está eximido de la pena, ya que la ley lo habilita expresamente a cometer no solo delitos vinculados a los que comete esa banda sino todos los necesarios para su “investigación”, que usualmente se usan para sacar provecho.
Solución de la propuesta de reforma
Si bien la existencia de la figura del agente encubierto es una herramienta requerida por el poder judicial y policial para hacer más eficiente la persecución del narcotráfico, y por eso no se propone derogarla en esta reforma, sí se debe derogar el artículo que expresamente lo habilita a cometer delitos ajenos al que se está investigando en esa causa.
9) Eliminación de las falsas estadísticas policiales que sirven para encubrir una persecución al narcotráfico que en realidad no se hace
Problema de la ley actual
La estructura penal basada en la penalización de la tenencia simple y la excepción de la tenencia para consumo luego de un proceso penal, permite los allanamientos de domicilios y la detención masiva de cualquier persona que tenga drogas en su poder, dada la libertad total del margen de acción de la policía. Como cualquier causa iniciada por drogas, ya sea por tenencia de un porro o por comercio de un kilo de cocaína, e independientemente a que la mayoría de ellas termine siendo por tenencia para consumo (ver cifras judiciales), se inscribe en las estadísticas policiales como “infracción a la ley de drogas”.
Esta estadística inflada hace no solo que se promuevan favores encubiertos, viajes a congresos, creación de divisiones, sino que, fundamentalmente, es utilizada por funcionarios policiales y políticos para tapar, mediante la propaganda de que se está combatiendo el problema de las drogas, un trabajo que en realidad no se lo hace, dificultando además identificar la efectividad de las acciones efectuadas.
Solución de la propuesta de reforma
La derogación de la tenencia simple y la tenencia para consumo es el único modo de tener una estadística real sobre el trabajo de las fuerzas policiales en la persecución del narcotráfico y que las mismas se esfuercen en demostrar sus logros persiguiendo los delitos que la ley prevé.
10) Falsedad de la asociación entre consumo de drogas y delito, y del consecuente miedo social que se instala sobre la despenalización de la tenencia para consumo
Comúnmente se escuchan el argumento de que “Los chorros salen drogados a robar” y que la despenalización del consumo promoverá que estas personas cometan más delitos, como fundamentos de la penalización de la tenencia de drogas para consumo personal. Esta afirmación es falsa en varios sentidos. En primer lugar, las mismas cifras del Poder Judicial se encargan de señalar que son escasos (menos del 40% según la Justicia Federal) los delitos graves cometidos bajo los efectos de estupefacientes ilegales. En segundo lugar, el Código Penal le da la posibilidad al juez de que si considera ese consumo como agravante del delito* pueda aplicar una pena más alta dentro de la escala prevista para ese delito, e incluso en delitos automovilísticos el consumo de drogas está expresamente señalado como agravante.
En segundo lugar, el Código Penal le da la posibilidad al juez de que si considera al consumo de sustancias, tanto legales como ilegales, un agravante de cualquier delito* pueda aplicar una pena más alta dentro de la escala prevista para ese delito, e incluso en delitos como el homicidio culposo, (en accidentes automovilísticos) el consumo de sustancias agrava el mínimo de la pena 2 años.
* Esto es una doctrina en discusión, ya que otros jueces pueden interpretarlo como un atenuante dependiendo de la sustancia y cantidad ingerida, por reducir a la persona a un estado de inimputablilidad por no estar conciente de sus actos.
11) Falsedad de la afirmación de que despenalizando la tenencia de drogas aumentaría el consumo de las mismas
Problema de la ley actual
Los más de 20 años de penalización de la tenencia y el consumo de drogas en Argentina no hizo más que expandir notoriamente los niveles de consumo de drogas ilícitas. Según el último informe de la ONU, Argentina es el país que mayor consumo de marihuana, cocaína y éxtasis registra en toda Latinoamérica.
Sin embargo, estas cifras que ya de por sí son alarmantes, en realidad son mucho mayores, ya que la criminalización de los usuarios hace que gran parte de los mismos oculte su consumo a la sociedad en general y, más todavía, a un encuestador del Estado.
Solución de la propuesta de reforma
Recién al dejar de criminalizar a los usuarios se tendrán cifras reales acerca de los índices de consumo de drogas. Una vez que estas cifras aparecen, los ejemplos mundiales de países que despenalizaron la tenencia muestran que los índices tanto de consumo en general como de problemas asociados al mismo, disminuyen notablemente*. Esto se debe a que, al no criminalizar a los usuarios, es más fácil para el Estado reconocerlos y llegar a ellos con campañas de prevención y educación que promuevan un consumo responsable, mientras aquellos que padecen problemas de consumo pueden acercarse sin miedo a solicitar ayuda.
*El caso de Portugal es uno de los mejores ejemplos. En 2001 despenalizó la tenencia y el consumo de drogas, organizó un sistema público de atención de las adicciones, extendió las campañas de prevención en la escuela y el trabajo y destinó sus fuerzas policiales a al persecución del narcotráfico. Luego de casi 10 años de aplicación de este modelo, el último reporte anual del Instituto de Drogas y Tóxicodependencia del país es contundente:
- El contagio de HIV por uso de drogas intravenosas en la calle disminuyó de 1400 a 400 por año.
- Las muertes por sobredosis en la calle disminuyeron de 400 a 290 por año.
- El consumo de drogas en edad de secundario disminuyó un 50 por ciento.
- El índice de consumidores de cannabis es el menor de toda Europa (8,2%, cuando Dinamarca supera el 30%), así como el de consumidores de cocaína (0,9 frente al 6,1 de Inglaterra).
- La cantidad de primeras consultas por problemas de consumo en los centros públicos de atención disminuyó de 10.000 a 5.100 por año.
12) La despenalización del autocultivo de marihuana, lejos de promover su consumo y hacer que éste (por la llamada “teoría del escalón”) conduzca a otras drogas, aleja al usuario del narcotráfico y precisamente impide que a través del mismo acceda a otras drogas
El mejor argumento que desarma la idea de que la marihuana lleva a otras drogas parte de, por un lado aclarar que no existe estudio científico alguno en todo el mundo que determine que el consumo de marihuana lleve a los usuarios a querer consumir otras drogas. Pero por el otro, es cierto que el consumo de marihuana, cuando se prohíbe el autocultivo, facilita el acceso a otras drogas. Esto se debe a que quien solo consume cannabis y no tiene permitido cultivarlo en su casa, debe acudir al narcotráfico a comprar la marihuana y, una vez dentro de éste, el dealer le pone enfrente suyo un montón de otras drogas que no conocía y a las que no hubiera tenido acceso de otra forma.
Aclaración
Es recomendable a la hora de presentar los argumentos, dejar en claro que esta reforma se encarga únicamente de modificar la ley 23.737 para que pase a estar acorde a las directivas emanadas por la Constitución Nacional y los pactos internacionales de derechos humanos, los lineamientos despenalizadores planteados por la Corte Suprema de Justicia, los diversos pedidos expresos del resto de los integrantes del Poder Judicial y las organizaciones no gubernamentales en torno a humanizar tratamientos y disminuir la corrupción policial y sus consecuencias y perseguir más eficazmente y eficientemente el narcotráfico.
2) Mayor eficiencia en el manejo de los recursos policiales y judiciales
Problema de la ley actual
Las cifras oficiales emitidas por el Poder Judicial de la Nación y sostenidas por el Poder Ejecutivo en numerosas presentaciones, son claras respecto a la saturación del sistema judicial por casos de tenencia de drogas para consumo personal. En los últimos 10 años, del total de causas por drogas originadas en los fueros federales de todo el país, el 70% de las mismas correspondieron a casos de tenencia de drogas para consumo personal, el 25% por tenencia simple, mientras que solo en 5% de los casos fueron por delitos relacionados con el comercio. Según informó el Ministerio de Justicia, cada una de esas causas (6 mil por año) le costó al Estado un promedio de 5 mil pesos. Es decir, que del total de recursos de los que dispone el Estado (desde las fuerzas policiales hasta el sistema judicial) para perseguir los delitos relacionados con drogas, más del 70% de los mismos se destinaron a la persecución de usuarios, haciendo imposible que la policía y la justicia se concentren en perseguir narcotráfico. Esto también se mantendrá de aplicar reformas que mantengan la penalización de la simple tenencia y la atenuante de la no punibilidad de la tenencia para consumo, ya que se persevera en el mismo andamiaje.
Solución de la propuesta de reforma
Con la reforma propuesta, al no darles el lugar a las fuerzas policiales para que persigan libremente a los tenedores de drogas que luego la justicia debe trabajar en determinar si eran vendedores o usuarios y delimitarles su accionar solo a los delitos relacionados con el comercio de drogas, los recursos que el Estado destina a la persecución del narcotráfico se concentrarían en los casos de comercio y producción de estupefacientes.
Además, al derogar tanto la tenencia para consumo como, fundamentalmente, la tenencia simple, se evita los excesos policiales sustentada en la posibilidad de detener a cualquier persona con drogas en su poder, y la consecuente “caja chica” generada a partir de los aprietes a usuarios a cambio de no llevarlos detenidos.
3) Permitir la atención sociosanitaria de los problemas asociados al consumo de drogas
Problema de la actual ley
La judicialización y criminalización de los usuarios de drogas que plantea tanto la actual ley de drogas como las modificaciones que mantienen la tenencia simple y la obligación de demostrar la inocencia una vez sometidos a un proceso penal, carga sobre los usuarios de drogas con un estigma que no hizo ni hará más que alejarlos del sistema de salud. Como no solo el consumo sino la simple tenencia se encuentran penados por la ley, y los médicos de hospitales son funcionarios públicos obligados a denunciar delitos, a ningún usuario con problemas de consumo se le ocurre ir a un hospital a atenderse cuando padece una adicción, intoxicación y otro problema de consumo, y menos aún si en ese momento todavía tiene en su poder la sustancia. Incluso cuando el usuario de drogas todavía no padece un problema de consumo, el estigma que recae sobre él hace que le oculte sus consumos a su médico, dificultando un adecuado cuidado de su salud.
Solución de la propuesta de reforma
Las políticas de prevención y reducción de daños asociados al uso de drogas son un modelo que ya mostraron su eficacia en Europa y emerge en América Latina como la alternativa a un régimen prohibicionista que ya mostró por demás no solo un absoluto fracaso sino también una violación sistemática de los derechos humanos de las personas a las que dice querer proteger.
Este modelo ya no concibe al usuario como un delincuente ni tampoco como un enfermo que al ignorar su enfermedad debe ser tratado a la fuerza, dejándolo de tratar como un objeto de derecho para pasar considerarlo un sujeto con derechos, que puede tener problemas asociados al consumo de drogas (como los puede tener con cualquier otro consumo), pero que esos problemas deben abordarse desde una perspectiva sociosanitaria, con un enfoque individual y no criminalizando a los sujetos por el mero hecho de tener problemas con su consumo. La criminalización de un problema que es básicamente sociosanitario y que por ende debe abordarse por especialistas en la materia, lejos de solucionarlo, lo agrava.
Sólo planteando una política de drogas que diferencie claramente al que vende drogas del que las tiene para consumirlas y, por ende, mantenga a este último totalmente separado del aparato represivo del Estado, es posible hacerle entender a los usuarios que ya no se los va a tratar como criminales, que no corren riesgo de ingresar en la esfera penal. Solo de este modo se puede lograr que aquellos usuarios que tengan problemas con su consumo puedan acercarse voluntariamente a solicitar ayuda.
4) Tratamiento más efectivo y humano para con los consumidores de paco y otras sustancias altamente nocivas para la salud
Las personas con problemas de consumo de paco y otros derivados de la pasta base de cocaína, hoy en día son víctimas de una ley que ordena detenerlos y llevarlos a una comisaría en caso de que sean sorprendidos consumiendo o simplemente teniendo la sustancia. Luego se les abre un proceso penal y pueden permanecer detenidos desde unas horas hasta varias semanas, como ocurre en la Provincia de Buenos Aires. Al tratarse de usuarios, los jueces terminan o sobreseyéndolos u ordenando un tratamiento que, como en este caso los usuarios no pueden pagarlo ni con un psicólogo ni con clínicas privadas, terminan ingresando a granjas privadas subsidiadas públicamente y transformándose en las herramientas de un gran negocio que beneficia a policías, jueces y dueños de estos establecimientos sin control alguno por parte del Estado.
Es falso, perverso y clasista por demás el argumento muchas veces escuchado que sostiene que al despenalizarse la tenencia de drogas, estos usuarios quedarían sin la atención mínima que hoy le “ofrece” el sistema. Lejos de ayudarlos, la actual ley agrava aún más sus problemas, al obligar a los efectivos policiales a aprehenderlos y detenerlos para que luego un juez los procese por un delito penal y, recién luego de toda esa violencia, les ofrezca canjear la pena por un presunto tratamiento que el mismo Estado se encuentra incapacitado de brindar dado que carece de infraestructura y conocimiento producto de la regulación del acceso a la salud en una ley de penal. Además, por si fuera poco, a este usuario se le brinda una única oportunidad para realizar un tratamiento, dado que si lo abandona o reincide en el delito (tenencia para consumo personal), la ley ordena aplicarle la pena de prisión como castigo. La actual ley no solo priva del acceso a la salud a todo usuario que carezca de los medios económicos para proveerse de un tratamiento privado y tenga problemas con la ley, sino que se lo aleja de ese tratamiento empeorando aun más su situación.
Por el otro, ni siquiera en los hechos es usado el mecanismo legal de la detención por tenencia y posterior judicialización, ni por las madres de estos usuarios ni por los jueces de menores, para acercarlos a un tratamiento al que en principio no se acercan por su propia cuenta. Para ello, y en casos excepcionales, se aplican los artículos 152 bis y 482 del Código Civil*, que regulan la declaración de incapacidad y habilitan a un familiar a pedir la atención médica y hasta la internación de una persona que por consumo de drogas o por demencia esté poniendo en riesgo su vida o la de los demás.
* No hay que dejar de mencionar los tratos inhumanos y las penas encubiertas que muchas veces deviene de la aplicación de estos artículos, como internaciones compulsivas sin control, tanto al momento de declaración como durante la duración de dicha medida, produciendo que muchas veces su aplicación sea hasta mas nocivo que la pena de prisión, puesto esta ultima tiene un lapso concreto de duración y las internaciones por incapacidad son indefinidas hasta que un médico autorice su fin. Este punto está siendo reformado por la nueva ley de salud mental en tratamiento en el Senado.
5) La despenalización de la tenencia simple y para consumo no implica dejar de penalizar los diversos delitos relacionados con el comercio de drogas
Despenalizar a los usuarios no es legalizar las drogas y su mercado, que continuarán expresamente prohibidas como lo están hasta ahora. Si bien la ley 23.737 debería redactarse nuevamente al momento de replantear desde la base las políticas integrales en materia de drogas, la reforma aplicada que despenaliza la simple tenencia y la tenencia para consumo de drogas mantiene todo el resto de las figuras asociadas con su comercialización, a saber:
- El comercio con estupefacientes o materias primas para su producción o fabricación (inciso C).
- La tenencia con fines de comercialización de estupefacientes o materias primas para su producción o fabricación (Inciso C). Permite detener y enjuiciar a todo aquel que sea encontrado en un acto previo a la venta, que es el de tener los estupefacientes y haber dado indicios de que se los va a comercializar, aunque no se haya cometido todavía el acto de venderlos.
- La distribución, la entrega como pago, el almacenaje o transporte de estupefacientes o materias primas para su producción o fabricación (Inciso C). Permite detener a quienes se encuentren distribuyendo tanto en la calle como en espacios públicos, al que los transporte por el país o los almacene para posteriormente venderlos
- El comercio, la tenencia con fines de comercio, distribución, entrega en pago, el almacenaje o transporte de plantas utilizables para producir estupefacientes (inciso D)
- La entrega, suministro, aplicación y facilitación a otro de estupefacientes a título oneroso o gratuito (inciso e). Este artículo aborda los casos de reparto gratuito de drogas en las calles y hasta en las puertas de los colegios, inexistentes en los hechos pero creados por el imaginario social y fogoneados por los medios de comunicación, con afirmaciones falsas pero ampliamente difundidas como “el primero te lo regalan y el segundo te lo venden”. La penalización de estas conductas (si bien permanece el atenuante de la distribución gratuita para el consumo personal agregado en 2005 por la ley 26.052) no se modifica.
6) Ni la cantidad ni el tipo de sustancia es un factor que determine que alguien está comercializando, sino EL FIN que se le de, que se determina por investigación o sorprendiendo a alguien in fraganti.
Problema de la ley actual
En la actualidad, la ley 23.737 prevé que cualquier persona sea detenida por el mero hecho de tener drogas en su poder, al penalizar como delito básico la “tenencia simple” y aclarar como atenuante la tenencia para consumo personal. Para evitar esta pena, no basta que el usuario, una vez ingresado al sistema penal, reconozca que iba a consumir las sustancias que tenía, sino que además se le exige demostrarlo “inequívocamente por la escasa cantidad y demás circunstancias”, por lo que el solo hecho de tener cantidades que para un juez puedan parecer dudosas impide que se atenúe la pena y el usuario termina condenado por “tenencia simple” con penas de hasta 6 años de prisión de cumplimiento efectivo.
Es inviable determinar una cantidad que suponga la finalidad de consumo ya desde lo fáctico, porque basta con que se fije un máximo de sustancia para que el vendedor salga con menos. Por otra parte, la experiencia internacional de los pocos países que despenalizaron la tenencia de drogas por cantidades señala que los mismos deben corregir continuamente los límites fijados por la ley , que nunca termina de resolver el problema.
Solución de la propuesta de reforma
El tráfico o distribución de drogas no está determinado por la cantidad ni el tipo de drogas que se tiene, sino por la finalidad de comercio o distribución que se le da a esa tenencia. Al acotar lo delitos relacionados con drogas a la finalidad de comercio, el accionar policial podrá dirigir todos su recursos a buscar pruebas de ese fin (ya sea mediante investigación a partir de denuncias o sorprendiendo a alguien in fraganti) para que, recién en ese momento, un juez pueda ordenar una medida lesiva de la intimidad de las personas que protege la Constitución Nacional.
7) La regulación del acceso a las semillas es el único modo de posibilitar el autocultivo de marihuana como la opción más eficaz para alejar al usuario del narcotráfico
El autocultivo de marihuana es hasta ahora el único método eficaz que demostró alejar a los usuarios de esa sustancia del narcotráfico, mejorando su calidad de salud y logrando además que dejen financiar ese sistema. Si se despenaliza el autocultivo para el propio consumo, es ilógico continuar penalizando el acceso a las semillas, que son el medio a partir del cual puede llevarse adelante ese cultivo y que, además, están expresamente exceptuadas por la ONU de la fiscalización internacional. De mantener la prohibición sobre su acceso, los usuarios se verían imposibilitados de llevar adelante su autocultivo sin continuar siendo “delincuentes”, porque serian obligados a convertirse en participes necesarios del delito de comercio de drogas, para poder proveerse de las semillas necesarias y así obtener su propia planta. De no regularizar un acceso a las semillas que ya existe, las mismas seguirán bajo el control del mercado negro y el usuario que quiera abandonar el narcotráfico deberá exponerse al mismo.
Zaffaroni expreso como ejemplo en varias entrevistas que “si cada usuario tuviera una planta en su casa se terminaría con el narcotráfico”.
8) Eliminación de la corrupción policial sustentada en la despenalización de todo tipo de delitos que cometa el agente encubierto
Problema de la ley actual
La figura del agente encubierto posibilita que alguien perteneciente a una fuerza de seguridad se infiltre en una banda que distribuye droga, con el pretexto de que es el único modo de juntar pruebas suficientes para comprobar el delito cometido por aquella. Sin embargo, la figura de por sí facilita el surgimiento de enormes nichos de corrupción ya que, por ejemplo, un policía se infiltra en una banda que distribuye drogas, participa de varios delitos con esa banda pero solo comunica el último. Y si lo descubrieran por los tres primeros, también está eximido de la pena, ya que la ley lo habilita expresamente a cometer no solo delitos vinculados a los que comete esa banda sino todos los necesarios para su “investigación”, que usualmente se usan para sacar provecho.
Solución de la propuesta de reforma
Si bien la existencia de la figura del agente encubierto es una herramienta requerida por el poder judicial y policial para hacer más eficiente la persecución del narcotráfico, y por eso no se propone derogarla en esta reforma, sí se debe derogar el artículo que expresamente lo habilita a cometer delitos ajenos al que se está investigando en esa causa.
9) Eliminación de las falsas estadísticas policiales que sirven para encubrir una persecución al narcotráfico que en realidad no se hace
Problema de la ley actual
La estructura penal basada en la penalización de la tenencia simple y la excepción de la tenencia para consumo luego de un proceso penal, permite los allanamientos de domicilios y la detención masiva de cualquier persona que tenga drogas en su poder, dada la libertad total del margen de acción de la policía. Como cualquier causa iniciada por drogas, ya sea por tenencia de un porro o por comercio de un kilo de cocaína, e independientemente a que la mayoría de ellas termine siendo por tenencia para consumo (ver cifras judiciales), se inscribe en las estadísticas policiales como “infracción a la ley de drogas”.
Esta estadística inflada hace no solo que se promuevan favores encubiertos, viajes a congresos, creación de divisiones, sino que, fundamentalmente, es utilizada por funcionarios policiales y políticos para tapar, mediante la propaganda de que se está combatiendo el problema de las drogas, un trabajo que en realidad no se lo hace, dificultando además identificar la efectividad de las acciones efectuadas.
Solución de la propuesta de reforma
La derogación de la tenencia simple y la tenencia para consumo es el único modo de tener una estadística real sobre el trabajo de las fuerzas policiales en la persecución del narcotráfico y que las mismas se esfuercen en demostrar sus logros persiguiendo los delitos que la ley prevé.
10) Falsedad de la asociación entre consumo de drogas y delito, y del consecuente miedo social que se instala sobre la despenalización de la tenencia para consumo
Comúnmente se escuchan el argumento de que “Los chorros salen drogados a robar” y que la despenalización del consumo promoverá que estas personas cometan más delitos, como fundamentos de la penalización de la tenencia de drogas para consumo personal. Esta afirmación es falsa en varios sentidos. En primer lugar, las mismas cifras del Poder Judicial se encargan de señalar que son escasos (menos del 40% según la Justicia Federal) los delitos graves cometidos bajo los efectos de estupefacientes ilegales. En segundo lugar, el Código Penal le da la posibilidad al juez de que si considera ese consumo como agravante del delito* pueda aplicar una pena más alta dentro de la escala prevista para ese delito, e incluso en delitos automovilísticos el consumo de drogas está expresamente señalado como agravante.
En segundo lugar, el Código Penal le da la posibilidad al juez de que si considera al consumo de sustancias, tanto legales como ilegales, un agravante de cualquier delito* pueda aplicar una pena más alta dentro de la escala prevista para ese delito, e incluso en delitos como el homicidio culposo, (en accidentes automovilísticos) el consumo de sustancias agrava el mínimo de la pena 2 años.
* Esto es una doctrina en discusión, ya que otros jueces pueden interpretarlo como un atenuante dependiendo de la sustancia y cantidad ingerida, por reducir a la persona a un estado de inimputablilidad por no estar conciente de sus actos.
11) Falsedad de la afirmación de que despenalizando la tenencia de drogas aumentaría el consumo de las mismas
Problema de la ley actual
Los más de 20 años de penalización de la tenencia y el consumo de drogas en Argentina no hizo más que expandir notoriamente los niveles de consumo de drogas ilícitas. Según el último informe de la ONU, Argentina es el país que mayor consumo de marihuana, cocaína y éxtasis registra en toda Latinoamérica.
Sin embargo, estas cifras que ya de por sí son alarmantes, en realidad son mucho mayores, ya que la criminalización de los usuarios hace que gran parte de los mismos oculte su consumo a la sociedad en general y, más todavía, a un encuestador del Estado.
Solución de la propuesta de reforma
Recién al dejar de criminalizar a los usuarios se tendrán cifras reales acerca de los índices de consumo de drogas. Una vez que estas cifras aparecen, los ejemplos mundiales de países que despenalizaron la tenencia muestran que los índices tanto de consumo en general como de problemas asociados al mismo, disminuyen notablemente*. Esto se debe a que, al no criminalizar a los usuarios, es más fácil para el Estado reconocerlos y llegar a ellos con campañas de prevención y educación que promuevan un consumo responsable, mientras aquellos que padecen problemas de consumo pueden acercarse sin miedo a solicitar ayuda.
*El caso de Portugal es uno de los mejores ejemplos. En 2001 despenalizó la tenencia y el consumo de drogas, organizó un sistema público de atención de las adicciones, extendió las campañas de prevención en la escuela y el trabajo y destinó sus fuerzas policiales a al persecución del narcotráfico. Luego de casi 10 años de aplicación de este modelo, el último reporte anual del Instituto de Drogas y Tóxicodependencia del país es contundente:
- El contagio de HIV por uso de drogas intravenosas en la calle disminuyó de 1400 a 400 por año.
- Las muertes por sobredosis en la calle disminuyeron de 400 a 290 por año.
- El consumo de drogas en edad de secundario disminuyó un 50 por ciento.
- El índice de consumidores de cannabis es el menor de toda Europa (8,2%, cuando Dinamarca supera el 30%), así como el de consumidores de cocaína (0,9 frente al 6,1 de Inglaterra).
- La cantidad de primeras consultas por problemas de consumo en los centros públicos de atención disminuyó de 10.000 a 5.100 por año.
12) La despenalización del autocultivo de marihuana, lejos de promover su consumo y hacer que éste (por la llamada “teoría del escalón”) conduzca a otras drogas, aleja al usuario del narcotráfico y precisamente impide que a través del mismo acceda a otras drogas
El mejor argumento que desarma la idea de que la marihuana lleva a otras drogas parte de, por un lado aclarar que no existe estudio científico alguno en todo el mundo que determine que el consumo de marihuana lleve a los usuarios a querer consumir otras drogas. Pero por el otro, es cierto que el consumo de marihuana, cuando se prohíbe el autocultivo, facilita el acceso a otras drogas. Esto se debe a que quien solo consume cannabis y no tiene permitido cultivarlo en su casa, debe acudir al narcotráfico a comprar la marihuana y, una vez dentro de éste, el dealer le pone enfrente suyo un montón de otras drogas que no conocía y a las que no hubiera tenido acceso de otra forma.
Aclaración
Es recomendable a la hora de presentar los argumentos, dejar en claro que esta reforma se encarga únicamente de modificar la ley 23.737 para que pase a estar acorde a las directivas emanadas por la Constitución Nacional y los pactos internacionales de derechos humanos, los lineamientos despenalizadores planteados por la Corte Suprema de Justicia, los diversos pedidos expresos del resto de los integrantes del Poder Judicial y las organizaciones no gubernamentales en torno a humanizar tratamientos y disminuir la corrupción policial y sus consecuencias y perseguir más eficazmente y eficientemente el narcotráfico.
miércoles, 25 de mayo de 2011
elecciones 2011
¿Por qué lxs estudiantes de Sociales hace muchos años no sabemos qué se hace con las pasantías?¿Por qué no sabemos cuánta plata queda en la facultad por el bufet y el centro de copiado?¿Por qué nos cambiaron de raíz las carreras y no les interesó nuestra opinión?¿Por qué nos dejaron de un día para otro con menos horarios para cursar?
Con elegantes colores y papel ilustración Todo esto puede ponerse como si fuera un logro, pero la verdad es otra. El Centro de Estudiantes debe representarnos, debe defendernos, y no ponerse del lado de intereses privados ni de ambiciones personales para hacer carrera política. Por sobre todo, el Centro debe mejorar la calidad de la educación que brinda el Estado, o al menos eso entendemos unxs cuantxs.
Porque pensar en la eduación pública nos saca una sonrisa, nos levantamos cada día pensando que la facultad puede estar mejor, con cosas tan sencillas como poner carteleras para que todos puedan acceder a las pasantías. Con la apertura de espacios participativos para que digamos en qué horarios nos conviene cursar, y qué tipo de formación queremos.
Tenemos en el Centro de Estudiantes el ámbito para hacer escuchar nuestra voz, silenciada todos estos años. Gritemos fuerte y que se escuche: "Con alegría y rebeldía Sociales está de pie".
Con elegantes colores y papel ilustración Todo esto puede ponerse como si fuera un logro, pero la verdad es otra. El Centro de Estudiantes debe representarnos, debe defendernos, y no ponerse del lado de intereses privados ni de ambiciones personales para hacer carrera política. Por sobre todo, el Centro debe mejorar la calidad de la educación que brinda el Estado, o al menos eso entendemos unxs cuantxs.
Porque pensar en la eduación pública nos saca una sonrisa, nos levantamos cada día pensando que la facultad puede estar mejor, con cosas tan sencillas como poner carteleras para que todos puedan acceder a las pasantías. Con la apertura de espacios participativos para que digamos en qué horarios nos conviene cursar, y qué tipo de formación queremos.
Tenemos en el Centro de Estudiantes el ámbito para hacer escuchar nuestra voz, silenciada todos estos años. Gritemos fuerte y que se escuche: "Con alegría y rebeldía Sociales está de pie".
domingo, 8 de mayo de 2011
Argentina Originaria
Para conocer mas a fondo la problemática de la tierra y los pueblos originarios. Darío Aranda es un especialista en el tema y viene a dar una charla sobre su libro. Te esperamos
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